Plan de autoprotección: redacción y adaptación a la Directriz 2026

Es el documento que organiza los medios humanos y materiales de un centro, establecimiento o instalación para prevenir las situaciones de emergencia que su actividad puede originar y para actuar cuando se producen: alarma, evacuación, primeros auxilios y coordinación con los servicios públicos de protección civil. Lo exige la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (art. 7 ter) y lo desarrolla la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de autoprotección, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026 y publicada en el BOE del 10 de octubre.

Las actividades del anexo I de la Directriz Básica. Entre otras: establecimientos con sustancias peligrosas en cantidades del anexo I del Real Decreto 840/2015, instalaciones con carga de fuego igual o superior a 13.600 MJ/m², almacenamientos de productos químicos por encima de los umbrales de las ITC APQ (por ejemplo, más de 200 m³ de líquidos inflamables), gestión de residuos peligrosos, explosivos, minería, puertos y aeropuertos, almacenamiento energético de 50 MW o más, presas de categorías A y B, espectáculos cerrados con aforo de 1.000 personas o más, vertederos de residuos no peligrosos de 1.000.000 m³ o más, estaciones de transporte con ocupación de 1.500 personas o más, hospitales, centros docentes con 50 o más personas que no pueden evacuarse por sus propios medios y residencias con 100 o más plazas autorizadas.

Cambian el catálogo de actividades obligadas, que se actualiza con umbrales nuevos y excluye algunos supuestos, como la gestión de vehículos fuera de uso; la obligación de contemplar en el plan los riesgos de protección civil del entorno, no solo los de la actividad; la integración expresa en el plan territorial o especial que corresponda; el registro de los datos del plan con el contenido mínimo del anexo III; el procedimiento de notificación de incidentes que originen emergencias significativas; y la periodicidad de revisión, que pasa a un máximo de cinco años. El RD 393/2007 deja de aplicarse desde la publicación de la Directriz.

La Directriz produce efectos desde el 11 de octubre de 2026, el día siguiente a su publicación en el BOE. Los planes de autoprotección vigentes en esa fecha deben adaptarse en un plazo máximo de cuatro años (apartado 2.6.3). Las actividades del anexo I que ya tenían licencia o permiso de funcionamiento deben presentar la documentación del plan ante el órgano que autoriza la actividad en el plazo que este establezca.

La Directriz exige que el plan esté redactado y firmado por un técnico capacitado para dictaminar sobre los aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que está sujeta la actividad, y suscrito también por el titular o su representante. En Green Globe lo redactan los mismos técnicos que tramitan la autorización ambiental de la instalación, lo que evita contradicciones entre el inventario de sustancias, residuos y procesos del plan y el del expediente ambiental.

El anexo II de la Directriz fija nueve capítulos: identificación de los titulares y del emplazamiento; descripción de la actividad y del medio físico; inventario, análisis y evaluación de riesgos propios y externos; inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección; programa de mantenimiento de las instalaciones; plan de actuación ante emergencias; integración en otros planes de ámbito superior; implantación; y programa de mantenimiento de la eficacia y actualización del plan, que incluye formación, simulacros, revisión documental y auditorías.

El plan debe mantenerse actualizado y revisarse, como máximo, cada cinco años, salvo que la normativa sectorial exija una periodicidad menor. Hay que realizar simulacros con la periodicidad que fije el propio plan y, en todo caso, al menos uno al año, evaluando sus resultados. Los cambios relevantes en la actividad, las instalaciones o el entorno obligan a actualizarlo antes.

Se presenta ante el órgano de la administración competente para autorizar la actividad: el ayuntamiento, cuando la actividad se autoriza con licencia o declaración responsable, o la comunidad autónoma, cuando se autoriza mediante AAU o AAI. Los datos relevantes del plan se inscriben en un registro administrativo con el contenido mínimo del anexo III, coordinado con la Red Nacional de Información sobre Protección Civil.

Muchas de las actividades obligadas a tener plan de autoprotección también necesitan autorización ambiental: industrias con sustancias peligrosas, almacenamientos de productos químicos, plantas de gestión de residuos, vertederos o instalaciones energéticas. Los órganos ambientales piden el plan dentro del expediente, y conviene redactar ambos documentos con los mismos datos de sustancias, residuos, procesos y emplazamiento. Es lo que hacemos en Green Globe: el plan se tramita junto con la AAU, la AAI o la licencia ambiental.

La Ley 17/2015 incluye los planes de autoprotección entre los planes de protección civil y tipifica el incumplimiento de las obligaciones derivadas de ellos como infracción grave o muy grave según su peligrosidad, con multas de 1.501 a 30.000 euros y de 30.001 a 600.000 euros (arts. 45 y 46). Además, sin plan presentado la administración puede denegar la licencia o la autorización de la actividad, y las comunidades autónomas pueden tener regímenes sancionadores propios.

No. El PAIF es un plan específico para urbanizaciones, instalaciones y edificaciones en zonas de riesgo de incendio forestal, exigido en Andalucía por la Ley 5/1999. El plan de autoprotección de la Directriz Básica cubre todos los riesgos de un centro o establecimiento de los recogidos en su anexo I. Una misma instalación puede necesitar los dos, y en ese caso el PAIF se integra como parte del análisis de riesgos externos del plan general.

Las actividades de recogida y tratamiento de residuos peligrosos de la Ley 7/2022 siguen en el catálogo, pero la Directriz excluye la gestión de vehículos fuera de uso y las instalaciones con capacidad de tratamiento inferior a las cantidades fijadas para el almacenamiento de productos químicos y las sustancias peligrosas. Algunas plantas pueden quedar fuera por ese supuesto y seguir obligadas por otro, como la carga de fuego. Hay que analizar cada caso.