Responsabilidad Medioambiental: Ley 26/2007
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental obliga a las empresas que realizan actividades potencialmente contaminantes a prevenir, evitar y reparar los daños que su actividad pueda causar al medio ambiente. En Green Globe redactamos los informes de aplicación de esta ley y los análisis de riesgos medioambientales que las empresas necesitan para cumplir con sus obligaciones legales.
¿Qué establece la Ley de Responsabilidad Medioambiental?
La Ley 26/2007 es la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/35/CE. Conforme al principio de “quien contamina paga”, establece que las empresas son responsables de:
- Comunicar a la autoridad competente cualquier daño o amenaza de daño que pueda derivarse de su actividad.
- Adoptar las medidas necesarias para que los recursos o ecosistemas afectados vuelvan al estado anterior al daño (estado básico).
- Sufragar los costes de las medidas de prevención, evitación y reparación.
Distinción según el Tipo de Empresa
La ley establece distintas obligaciones en función de si la actividad está incluida o no en el Anexo III:
Empresas incluidas en el Anexo III (mayor exigencia)
Deben reparar los daños generados independientemente de que exista dolo, culpa o negligencia. Además, están obligadas a constituir una garantía financiera (seguro, aval o reserva técnica) que asegure la disponibilidad de recursos para la reparación. Las actividades de mayor exigencia incluyen:
- Gestión de residuos.
- Actividades con vertido al Dominio Público Hidráulico.
- Manipulación de residuos peligrosos.
- Actividades de manipulación genética.
Empresas no incluidas en el Anexo III
Solo deben adoptar medidas de reparación cuando medie dolo, culpa o negligencia, y sufragan los costes únicamente cuando son responsables de los daños causados.
Nuestros Servicios
Green Globe elabora la documentación que su empresa necesita para cumplir con la Ley 26/2007:
- Informe de aplicación de la ley: análisis del tipo de actividad y determinación de las obligaciones aplicables.
- Análisis de riesgos medioambientales: identificación y cuantificación de los escenarios de daño potencial.
- Asesoramiento en la garantía financiera: orientación sobre el instrumento más adecuado (seguro, aval o reserva técnica) y su dimensionamiento.
- Plan de prevención: definición de las medidas para minimizar la probabilidad y magnitud de los daños potenciales.
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