“No siempre es suficiente contar con una autorización para la producción y gestión de residuos; productores y gestores están obligados al cumplimiento de la normativa en materia de residuos, una normativa que en la mayoría de las ocasiones va mucho más allá de obtener los permisos iniciales necesarios. En este sentido, invertir en un asesoramiento externo experto es rentable”.

Es por todos conocido que la normativa en materia de residuos es una de las más exigentes en el panorama medioambiental. En su regulación participan diferentes reglamentos que serán o no de aplicación dependiendo del tipo de residuos, su peligrosidad y el papel que desempeña una determinada organización.

Cada vez son más las consultas recibidas derivadas de inspecciones o sanciones por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de la producción y gestión de residuos. SEPRONA, e Inspectores de las distintas Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía supervisan periódicamente las instalaciones relacionadas con residuos para evaluar el cumplimiento estricto de la normativa, una rutina cada vez más frecuente que afecta especialmente a este sector por su desconocimiento, complejidad y burocracia.

Hay que insistir en que la obtención de los permisos iniciales necesarios (Autorización Ambiental Unificada o Integrada, Autorización para Instalaciones y Operaciones de Gestión de Residuos, o Comunicación de productor, etc.) representa el primer escollo administrativo de obligado cumplimiento, pero no es el único. Con las respectivas autorizaciones se asumen unas obligaciones muy específicas que repercuten de forma directa en la prestación del servicio: archivo cronológico de los residuos producidos y gestionados, declaración o memoria anual, documentos de traslado, comunicación de residuos exportados o importados, información precisa en caso de modificación o cambio en las operaciones autorizadas, etc. Todo esto representa un trabajo añadido muy técnico que es continuamente revisado e inspeccionado por las administraciones competentes.

Por todo esto, es recomendable que dada la alta exigencia de la normativa en materia de residuos se cuente con un asesoramiento externo experto que evalúe periódicamente el cumplimiento legal y que promueva, en caso que sea necesario, información, modificaciones y nuevas autorizaciones para la actividad profesional; una inversión rentable que a buen seguro evitará costosas sanciones administrativas para la organización. En el aspecto puramente económico, las sanciones recibidas pueden alcanzar cifras muy variables; 6.000, 45.000, 60.000 o 800.000 euros, son algunas de las cantidades que han llevado a nuevos clientes a contactar con nuestro departamento técnico para tratar de disminuir el importe de las sanciones recibida y actualizar reglamentariamente las instalaciones relacionadas con la gestión de residuos.

En la mayoría de los casos las sanciones son difícilmente rebatibles puesto que se fundamentan en apartados muy específicos de la normativa que están siendo claramente incumplidos. Además, existe una disminución del importe total sancionado por asumir la responsabilidad de las causas y no recurrir administrativamente, un circunstancia que se aprovecha comúnmente para evitar males mayores.

Considerado todo esto, es importante que empresas y organizaciones se dejen asesorar en materia de residuos no solo en sus inicios o cuando llegue una sanción; la prevención y la evaluación periódica del cumplimiento legal es altamente recomendada para evitar sanciones (y por tanto gastos) imprevistas que puedan condicionar la sostenibilidad de la empresa.

Para obtener más información acerca de los servicios relacionados con la gestión de residuos visite el siguiente enlace:

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